Plazos que apremian. Se hará justicia

 

o imperará el “es lo que hay valor”?

 

                                                               

                     Por Gastón Grisoni (*)                                                                         

 

 

El próximo miércoles 10 de Setiembre, Crysol, la asociación de ex presas y de ex presos políticos de Uruguay será recibida por la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes del Parlamento. En la ocasión se expresará a dicho órgano la evaluación que la organización ha llevado a cabo luego de más de 18 meses de implementación de la ley jubilatoria 18 033.

 

Dicha norma, promulgada por el Poder Ejecutivo el 13 de Octubre de 2006, establecía que entre el primer y el segundo año de su puesta en práctica, la misma sería evaluada por el Parlamento a los efectos de verificar si se habían cumplido cabalmente los objetivos que la misma perseguía.

 

En marzo del presente año, la Comisión Especial encargada de su implementación, remitió, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, un informe con respecto al trabajo desarrollado para que el Parlamento pudiera cumplir con la evaluación prevista.

 

Hasta el momento, dicha evaluación no se ha concretado y a los efectos prácticos es totalmente accesorio que lo haga o no. El 25 de Octubre vencen los plazos legales para que se aprueben modificaciones a dicha norma.

 

Las carencias, insuficiencias y omisiones deberán esperar una nueva legislatura: la justicia, también en este plano, deberá seguir aguardando ante la falta de sensibilidad puesta de manifiesto al respecto por el Parlamento, el Poder Ejecutivo y el sistema político en su conjunto.

 

Un gran avance en el camino de la justicia .

 

Sin lugar a dudas, la aprobación de la ley 18 033, realizada a más de 21 años del retorno a la vida democrática significó un gran avance en el camino de hacer justicia a nivel previsional con miles de uruguayas y de uruguayos que por su adhesión a la democracia y a la libertad sufrieron prisión política, se vieron obligados a exiliarse, fueron despedidos durante la huelga general al amparo del decreto 518/73 o debieron pasar a la clandestinidad.

 

El valor y el significado de la ley 18 033 no se cuestiona y en reiteradas ocasiones se ha exaltado públicamente sus beneficios. Miles de uruguayas y de uruguayos, sexagenarios para arriba la gran mayoría, han mejorado, legítimamente, su calidad de vida aunque ello haya sido tardío. Y es un logro importante.

 

Sangran las heridas abiertas .

 

En diciembre del año pasado, Crysol  hizo pública su evaluación  de la implementación de la Ley 18 033 y la hizo llegar a la fuerza política y a todos los parlamentarios. Enfocada desde la visión de las y de los ex presos políticos dicha evaluación señalaba claramente las omisiones, insuficiencias y carencias de la ley y proponía modificaciones para avanzar efectivamente en el camino de la justicia.

 

Las omisiones, carencias e insuficiencias de la ley 18 033 son heridas abiertas, heridas que sangran, ciudadanas y ciudadanos que no han sido contemplados o lo han sido de manera inequitativa.

 

Un ejemplo flagrante y que debería haber sido reivindicado en forma tajante y bien combativa en cuanto paro se ha llevado a cabo: los centenares o miles quizás de ciudadanas y de ciudadanos que fueron despedidos arbitrariamente durante la dictadura por sus actividades sindicales, su pasado político o sus posturas ideológicas.

 

Las carencias, omisiones e insuficiencias son, obviamente, mucho mayores. Crysol con la responsabilidad que siempre la ha caracterizado ha presentado constructivamente propuestas para avanzar en el plano de la justicia y las ha puesto en conocimiento de todos los integrantes del Poder Ejecutivo para que actuaran. Son propuestas simples, plausibles, justas, legítimas, de sentido común y acorde a las normas nacionales e internacionales. Al alcance de la mano.

 

El deseo de justicia mueve montañas .

 

Si hay voluntad política, si realmente el Poder Ejecutivo, el Parlamento y los partidos políticos y en especial el Frente Amplio quieren avanzar realmente en el camino de la justicia en la actual legislatura, a pesar de los plazos exiguos aún hay posibilidades.

 

El año pasado, en un enorme esfuerzo institucional, junto con el Dr. Oscar López Goldaracena,  Crysol presentó  un proyecto de Ley de  Reparación Integral  para todas las Víctimas del Terrorismo de Estado que efectiviza la normativa internacional al respecto.

 

El artículo 15 de dicho proyecto contempla una solución efectiva para resolver también las heridas previsionales abiertas, para que no sigan sangrando, para no seguir perpetuando injusticias lamentables. Una nueva legislatura para muchos, será tarde. Demasiado tarde.

 

Los legisladores del Frente Amplio que supuestamente están consensuando un proyecto de ley de Reparación Integral y que son los que hasta el momento han demostrado un auténtico compromiso y sentido de justicia con la temática deberían, sí o sí, incorporarlas y batallar con el resto de los parlamentarios para lograrlo.

 

 

(*) Ex preso político